Ciudad de México, 3 de octubre de 2025. – La International Chamber of Commerce México (ICC México) se pronunció sobre el proceso legislativo en curso para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. El organismo empresarial hizo un llamado a construir un marco normativo equilibrado que garantice el derecho humano al agua, proteja actividades productivas esenciales y brinde certeza jurídica a la inversión.
Agua: derecho humano y motor de competitividad
De acuerdo con ICC México, algunas de las propuestas incluidas en los proyectos legislativos actuales pueden comprometer la continuidad de cadenas productivas clave, como la alimentaria, farmacéutica y energética, que resultan vitales en escenarios de emergencia hídrica o sequías prolongadas.
Entre las preocupaciones destacan:
La reducción drástica de la vigencia de concesiones. Restricciones imprecisas a la transmisión de derechos. Incremento de carga regulatoria sin estudios de impacto. Concentración de atribuciones en múltiples autoridades sin reglas claras de debido proceso.
Según el sector industrial, estas medidas generarían incertidumbre jurídica, desincentivarían inversiones de largo plazo y podrían encarecer bienes básicos para las familias mexicanas, debilitando la resiliencia del país frente al cambio climático.
Un marco hídrico moderno, funcional y sostenible
ICC México subrayó que el reto hídrico nacional debe abordarse con un esquema legal que incentive la eficiencia, fortalezca la infraestructura, promueva la inversión público-privada y armonice la legislación ambiental, energética y productiva.
El organismo recalcó que México requiere de una institucionalidad hídrica robusta, capaz de combinar justicia social y ambiental con viabilidad técnica y económica, asegurando que el agua sea motor de desarrollo sostenible y no un factor de parálisis.
Principales propuestas del sector industrial
Entre las recomendaciones que ICC México plantea para la nueva Ley General de Aguas destacan:
Seguridad jurídica de concesiones: garantizar la prórroga de títulos vigentes cuando se cumplan obligaciones técnicas, sociales, ambientales y fiscales. Definición clara de acaparamiento y transmisión de derechos: criterios objetivos que eviten discrecionalidad y promuevan un mercado regulado de agua. Carga regulatoria proporcional: obligaciones escalonadas con base en la viabilidad tecnológica de cada sector. Debido proceso y certidumbre: procedimientos transparentes y derecho de audiencia antes de reducciones o cancelaciones. Armonización normativa: coordinar la nueva ley con la Ley Minera, de Hidrocarburos, LGEEPA y normativa climática. Impulso a infraestructura hídrica: mantener esquemas de inversión público-privada con certeza sobre recuperación de proyectos. Transparencia y protección de datos sensibles. Régimen transitorio realista: plazos de 3 a 5 años para implementación de registros y normas.
Llamado al Congreso
ICC México reiteró su disposición al diálogo técnico y constructivo con el Congreso de la Unión y autoridades competentes para lograr una Ley General de Aguas moderna y equitativa, que asegure el acceso al agua para la población y, al mismo tiempo, preserve la competitividad y capacidad de atracción de inversión en México.